Retorno forzado de beneficiarios del TPS “profundizaría la crisis” en Honduras y El Salvador.

WASHINGTON — La salvadoreña Doris Landaverde trabaja como guarda de seguridad en la prestigiosa Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, gracias al Estatus de Protección Temporal (TPS) que adjudicó Estados Unidos en 2001 a cientos de miles de ciudadanos de El Salvador; por ello, su trabajo y su vida penden de cada decisión del gobierno estadounidense sobre si revalidar o no este permiso con lo que la “amenaza” de ser deportada a su país ensombrece su situación y la de su familia.

El volver a El Salvador lo ve como el “peor de los escenarios” con todo su vida laboral y sus aportaciones a Estados Unidos. “Aunque aquí la situación de nosotros como trabajadores es complicada por el costo de vida que aumenta y aumenta, no se compara con los que nos esperaría de ser obligados a retornar a nuestros países”, dice.

A la fecha, El Salvador es el país con el mayor número de inmigrantes amparados por el TPS a partir de los registros del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que -hasta la cancelación del beneficio en el año 2018- calculaba unos 198.000 salvadoreños protegidos por este estatus legal, seguido de Honduras con unos 60.000.

Un estudio realizado por dos expertos de la región, perfila las condiciones en los dos países centroamericanos y cómo el retorno forzado de más de 250.000 emigrantes y sus grupos familiares pondría en mayores aprietos a ambas naciones.

El economista William Pleites, que hasta 2021 dirigió la segunda fase del programa Fomilenio en El Salvador con la dotación de más de 700 millones de dólares de la Corporación Retos del Milenio (MCC) en Washington, considera en el informe ‘El Salvador: condiciones de país’ que la vuelta forzada de cerca de 200.000 salvadoreños y sus grupos familiares sería difícil de absorber para una economía que no logra ni suplir las necesidades de empleo de sus nacionales, con un déficit superior a las 40.000 plazas de trabajo cada año.

“Deportar a inmigrantes salvadoreños residentes en EEUU profundizaría las ya terribles condiciones socioeconómicas de El Salvador y crearía condiciones propicias para el malestar político y la desestabilización”, considera el estudio, que desglosa algunas variables para entender la dimensión del problema.

Landaverde se ve reflejada en esos datos y dice que “nosotros somos parte fundamental de la economía de Honduras y El Salvador”, por las aportaciones que como inmigrantes “hacemos” a esos países a través de remesas destinadas a las familias.

Landaverde habló con la Voz de América este lunes en el marco de una asamblea general de beneficiarios del TPS organizados en comités de apoyo de todo Estados Unidos y reunidos en las afueras de Washington para mantener “la lucha” para la vigencia del estatus legal cancelado por la administración del expresidente Donald Trump entre 2017 y 2018 a seis países que tenían el programa.

La investigación, que los tepesianos usaron este martes en múltiples encuentros en oficinas de congresistas y senadores también apunta a una disminución en remesas que supondría hasta 1.200 millones de dólares cada año, lo que fomentaría un incremento en la pobreza.

“Las tasas de pobreza aumentarían en 10 puntos porcentuales, el desempleo y subempleo afectaría aproximadamente a dos tercios de la población económicamente activa”, dice la investigación.

Múltiples factores

Cecilia Menjívar, socióloga y profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), coordinó el estudio en la parte de Estados Unidos y revisa la situación de la clase del TPS para consolidar los datos y el impacto que supone en los países.

Al presentar los resultados este lunes en una presentación virtual para los miembros de la Alianza Nacional del TPS, reunidos en Maryland, dijo que está claro que “ninguno de los dos países” reúne las condiciones necesarias para recibir a sus emigrantes ante una terminación definitiva del TPS que les obligaría a volver.

En la actualidad unos 350.000 inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Sudán y Nepal siguen amparados en Estados Unidos mientras corren en cortes federales litigios con demandas interpuestas contra la anterior Administración aduciendo ilegalidad en la cancelación del beneficio migratorio.